El histórico conflicto entre Mendoza y La Pampa por los recursos del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo en el ámbito político mendocino. Tras la decisión del gobierno pampeano de acudir a la Justicia con una medida cautelar para intentar frenar el decreto del presidente Javier Milei —que restituyó el 100% de las regalías a Mendoza—, desde el Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo expresaron un firme respaldo a la posición provincial.
Durante una sesión en el cuerpo deliberativo, el presidente del recinto, Andrés Sconfienza, manifestó la plena solidaridad del municipio con las gestiones y reclamos que lleva adelante el Ejecutivo mendocino en defensa de su patrimonio energético.
Cuestionamiento técnico y legal
En su intervención, Sconfienza apuntó directamente contra los antecedentes normativos que beneficiaron históricamente a la vecina provincia, en particular el Decreto 1560/73, el cual había asignado a La Pampa un 6% de participación. El titular del legislativo lujanino calificó aquella disposición como una «compensación política» desprovista de criterios técnicos vinculados a la generación hidroeléctrica real.
El eje del argumento mendocino se apoya en la Ley Nacional 15.336, cuerpo legal que establece una clara diferenciación técnica entre la fuente de generación hidroeléctrica y el mero recorrido de la cuenca hídrica. Bajo esta premisa, Sconfienza enfatizó que la circunstancia geográfica de que el río Atuel atraviese el territorio de ambas provincias no constituye, por sí misma, un motivo legal válido para coparticipar la renta de la central generadora.
Defensa de los recursos y antecedentes judiciales
El legislador comunal recordó además la existencia de diversos antecedentes administrativos y judiciales que consolidan la postura histórica de Mendoza, e insistió en la necesidad imperiosa de resguardar los fondos provinciales frente a embates judiciales que desconocen la letra de las normas federales.
Sconfienza concluyó señalando que cualquier esquema de distribución de regalías energéticas debe ceñirse con rigurosidad técnica al marco legal de la Nación, haciendo valer los derechos adquiridos por la provincia de Mendoza sobre las instalaciones y la energía generada en su territorio
